En las dos entregas anteriores sobre las perspectivas 2019, se planteó un panorama complejo, por decir lo menos, para México en materia económica que se suman a los factores geopolíticos internacionales.

 

El bajo crecimiento económico, la elevada inflación y el endeudamiento son algunos de los desafíos que tendrán que ser atendidos de inmediato por el nuevo Gobierno Federal para evitar afectaciones en la estabilidad social y desbalance en el mercado interno.

 

A este panorama debemos sumar un aspecto que no es menor; el entorno político.   En esta tercera entrega analizaremos seis temas que definirán el acontecer político nacional por su impacto potencial en la dinámica del país:

 

1.- Factor EZNL.

2.- Posibilidad de lograr frenar reformas constitucionales en las cámaras legislativas.

3.- Independencia del Poder Judicial.

4.- Guardia Nacional.

5.- El papel de Morena y el proyecto de nación de AMLO.

6.- La forma de hacer política de AMLO.

 

 

  1. Factor EZLN

Sin duda, uno de los principales actores políticos que figurarán este 2019, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mismo que hoy se presenta públicamente más activo que en mucho tiempo. ¿Por qué?  El EZLN está totalmente opuesto a los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, principalmente, el Tren Maya.

 

A pesar de que el EZLN se ha pronunciado en contra de otros proyectos de AMLO, es el Tren Maya el que presenta el mayor enfrentamiento entre ambos, debido a que el tren tiene contemplado en su ruta pasar por territorio zapatista. Como tal, no sólo se devastaría ecológicamente la zona (de no apegarse a las leyes ambientales durante su construcción), sino que afectarán a las poblaciones que ahí se encuentran asentadas.

 

La resolución de las diferencias entre Andrés Manuel y el ejército zapatista, será indispensable para lograr la ejecución de uno de los proyectos más emblemáticos de la administración de López Obrador, y para mantener el orden y la paz al interior del país. Sin embargo, la solución del conflicto no será tarea fácil para el equipo de la 4T, y la habilidad de negociación de Andrés Manuel no será suficiente, quien hasta el momento no ha logrado la conciliación con el grupo, ni mucho menos, sumarlos a su proyecto, a pesar de que los ha invitado al diálogo en diversas ocasiones.

 

En este conflicto, el peso que tiene la historia juega un papel importante en contra de López Obrador, debido a que las diferencias entre él y el EZLN se remontan hasta varios años atrás, cuando se decidió nuevamente incumplir con la incorporación de los Acuerdos de San Andrés –mismos que otorgan total autonomía a los pueblos originarios– a la Constitución. Así, debido a la desconfianza que existe por parte de los zapatistas hacia legisladores y autoridades federales, el diálogo y las promesas no serán una herramienta suficiente para sumar a los zapatistas al barco de la 4T.

 

Algunos puntos a destacar de este tema:

  • A pesar de que los zapatistas han declarado que no tienen intención de levantarse en armas, ya existe el precedente del levantamiento armado de este grupo insurgente cuando consideraron que existía una seria amenaza en contra de sus intereses; el TLC.
  • Los zapatistas ya han sumado el apoyo de otros grupos indigenistas que de igual manera se oponen al Tren Maya.
  • Se espera que los zapatistas aprovechen la coyuntura política para utilizarla como plataforma con la finalidad de exigir nuevamente el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
  • El éxito en la conciliación entre ambas partes del conflicto dependerá en gran medida de la capacidad de diálogo y de las concesiones que Andrés Manuel esté dispuesto a conceder a los zapatistas. Este es un factor que complica aún más el éxito de la conciliación, puesto que Andrés Manuel se ha caracterizado por la toma de decisiones intransigentes más que por su apertura al diálogo y a las concesiones.

 

 

  1. Posibilidad de lograr frenar reformas constitucionales en las cámaras legislativas.

Sumados los legisladores de MORENA, PT y el PES, actualmente cuentan con mayoría absoluta (más del 50% de legisladores) en ambas cámaras. En la cámara de senadores cuentan con 70 de 128 senadores (54.7%), y en la cámara de diputados 314 de 500 (62.8%).

 

Con esa mayoría, la coalición legislativa de MORENA, PT y PES, ha logrado modificaciones legales relevantes, como aprobar la ley de Ingresos de la Federación así como el presupuesto de egresos de 2019. Sin mayores cambios, lograron ajustar la administración pública al plan de austeridad, aumentar el salario mínimo general a nivel nacional, así como como duplicarlo en 43 municipios de la zona fronteriza, donde además se aprobaron reducción en IVA e ISR. Se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se destaca la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, cambio de nombre de otras Secretarías y la reducción de plazas de confianza y se trasladó el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, se creó la figura de los “super delegados”, los cuales cuentan con un marco normativo para operar los programas federales en cada una de las entidades de la república.

 

Lo anterior, parecería indicar que el partido en el gobierno no tendría problemas en instrumentar todos los cambios que requiera para cumplir sus promesas de campaña y facilitar el camino para que López Obrador consolide su gobierno. Sin embargo, esas mayorías en el congreso no le son suficientes para llevar a cabo reformas constitucionales, ya que las reformas de este tipo requieren mayoría calificada a través del voto de dos terceras partes de los legisladores de cada cámara.

 

Es decir, en la cámara de diputados son necesarios 334 diputados y en el senado, 85 senadores. La coalición legislativa de Morena cuenta con 314 diputados y 70 senadores. En la cámara de diputados necesitan 20 diputados y en el senado a 15 senadores.

 

¿Qué necesitan para lograr los apoyos necesarios?

En la cámara de diputados necesitarían lograr el apoyo del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que cuenta con 28 diputados, o con el del PRD, que cuenta con 20. Otra posibilidad es que logren los votos de algunos legisladores de estas dos fracciones, por ejemplo, 10 de cada grupo.

 

En el caso del senado, la situación es más complicada, ya que requeriría a todos los senadores de MC que cuenta con 7, los 5 del PRD y al menos 3 de los 6 que tiene el PVEM.

 

¿Cuáles serán las principales reformas constitucionales que requiere el gobierno de AMLO?

 

Podríamos hablar de que en el corto plazo existirán dos debates legislativos para reformar la Constitución; el de la Guardia Nacional y la Reforma Educativa.

 

El otro debate que se espera para el primer trimestre del año, sería el de la reforma al artículo 3 de la Constitución y el cambio en las leyes secundarias de la Reforma Educativa, donde entre otros elementos se discutirá la ley de servicio profesional docente y la creación del organismo que sustituiría al INEE.

 

¿Cómo está la oposición?

PRD y MC mantuvieron una coalición electoral con el PAN, y de querer presentarse como una oposición articulada, tendrían que aliarse con el PRI y PVEM, para que con sus números logren poner un freno a MORENA y sus aliados legislativos para efecto de reformas constitucionales. Sin embargo no han logrado articular una oposición, al menos no visible, que realmente haga frente al partido en el gobierno.

 

MC ha sido el partido que más articulado se ha visto como oposición, mientras que en el PRI y el PAN, los conflictos internos (sobre todo en el PAN) han desdibujado a estos partidos como la principal oposición. Además, que el gobernador de Jalisco emanado de MC, Enrique Alfaro, ha tenido relevancia mediática al presentarse como una de las principales voces de la oposición al gobierno de López Obrador en temas de presupuesto y seguridad interna. Esto podría derivar en que MC sea “la bisagra” que permita a los legisladores de la llamada “cuarta transformación” lograr los cambios que requieren, pero MC podría poner un precio alto al apoyo legislativo.

Fuentes:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=152

sitios web de la cámara de diputados y de senadores.

  1. El Poder Judicial como el único contrapeso al Ejecutivo Federal.

El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, depositario del Poder Ejecutivo de la nación, ha logrado posicionarse como un gobierno fuerte a partir de la votación histórica del pasado 1 de julio de 2018. Sumado a que al interior del Poder Legislativo, su partido MORENA y sus aliados electorales PES y PT, poseen mayorías absolutas que les permite dirigir la agenda y debates legislativos, de acuerdo con el plan de gobierno del ejecutivo, por lo cual se ha observado una subordinación casi total del Legislativo al Ejecutivo.

 

Sin embargo, el Poder Judicial es el único que parece permanecer como un contrapeso al Ejecutivo Federal y el principal equilibrio institucional que no está dominado por AMLO. Si bien los integrantes del Poder Judicial (SCJN, TEPJF y CJF) no emanan de una elección popular, sus decisiones afectan directamente a los ciudadanos.

 

En este contexto el papel del Poder Judicial, a partir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es vigilar que tanto el Ejecutivo y el Legislativo, actúen en apego a la Constitución, es decir que todas las acciones que haga cada uno de los otros poderes no esté por encima de la Constitución o que alguna acción viole derechos humanos o político electorales de algún ciudadano.

 

El principal riesgo que se ha observado es que el Poder Judicial, encargado de garantizar la impartición de justicia a través de los jueces y magistrados,  ceda a los ataques que el presidente y su partido se han encargado de operar en las últimas semanas en contra del Poder Judicial (en varios niveles), bajo el argumento de altos salarios y acusaciones de nepotismo (mismas que en varios casos resultaron ciertas), lo que llegó a detonar manifestaciones violentas en el edificio de la Suprema Corte. No obstante, este ataque mediático ha impactado en la percepción del poder judicial, que a la vista de algunos políticos, se ha visto como un adversario del gobierno más que como un contrapeso de poder formal.

 

Esta narrativa de conflicto ha dejado saldos negativos de imagen en el Ejecutivo y en el Judicial, que de seguir así podrían escalar.  Por un lado, el presidente ha llegado a ser acusado de aspirar a ser dictador y de generar inestabilidad política que podría ahuyentar a los inversionistas extranjeros y hasta cierto punto, podría afectar los tratados comerciales, generar dudas sobre la existencia un poder que haga valer la Constitución y sus leyes.

 

Por otro, lado se ha acusado al Poder Judicial de ser lejano e ineficiente y de que sus integrantes poseen salarios fuera de la lógica de austeridad (salarios injustos de los impartidores de justicia), estos hechos pueden llegar afectar la confianza ciudadana en el sistema de justicia y detonar manifestaciones ciudadanas ante posibles determinaciones de jueces o ministros, y hasta cierto punto, esto puede poner en riesgo la integridad de sus miembros.

 

  1. Guardia Nacional

El tema que ha estado en boca de todos, desde que se anunció a finales del año pasado, y que seguirá estando en la agenda de este 2019, es la Guardia Nacional.

 

A pesar de que el presidente Andrés Manuel ya lanzó la convocatoria para reclutar a los jóvenes que quieran integrarse a la Guardia Nacional, ésta todavía no ha sido aprobada por ley, y siguen pendientes algunas reformas constitucionales para que ésta sea compatible con nuestro marco jurídico, por lo que al día de hoy es inconstitucional.

 

La discusión  por la Guardia Nacional comenzará a partir del próximo martes 8, cuando den inicio los debates públicos, donde participarán gobernadores, legisladores y académicos. Posteriormente se dará la discusión entre legisladores en el periodo extraordinario que correrá del 16 al 17 de enero, donde tentativamente se probarían las reformas al artículo 89 constitucional así como la creación de las leyes secundarias que indicarían cómo se instrumentaría la Guardia Nacional. Para estos días la coalición legislativa de MORENA debería ya, haber hecho las negociaciones necesarias para poder aprobar dichos cambios.

 

Los foros de consulta, donde –en teoría– se evaluarán los riesgos y se analizarán alternativas a la Guardia Nacional, abarcarán temas como estrategias municipales de seguridad, el federalismo y los derechos humanos. Sin embargo, los foros que se llevarán a cabo pareciera que cumplirán el mismo propósito de simulación y ratificación que han jugado las consultas ciudadanas que se han llevado a cabo.

 

Posterior a estos debates, se llevará a cabo el periodo extraordinario que aprobó la Cámara de Diputados (del 16 al 17 de este mes), en el que se llevarán a cabo las votaciones para las reformas correspondientes necesarias para la creación de la Guardia Nacional, para la cual Morena necesitará la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara.

 

Por si no fuera poco, además de aprobarse constitucionalmente la Guardia Nacional, Morena deberá generar 3 nuevas leyes para regular su funcionamiento, desde el reclutamiento, hasta el uso adecuado de la fuerza y el apego a los derechos humanos.

 

Así que, de aprobarse o no, la Guardia Nacional es el tema que seguirá – y que debería– seguir estando en boca de todos.

 

  1. El papel de Morena y el plan de nación de AMLO

López Obrador y el partido que representa, Morena, han hecho algo insólito; por primera vez en la historia contemporánea del país, un presidente llegó al poder con más de 17 iniciativas de ley aprobadas.

 

De las iniciativas prioritarias de AMLO sólo se han aprobado 4; la Ley de Austeridad, la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la reforma para revivir la Secretaría de la Seguridad Pública y la reforma para crear comisiones especiales como la que investigará la desaparición de los 43 normalistas. Aún hay más iniciativas prioritarias, pero tendrán que esperar a que tengan mayoría calificada, que corresponde a las dos terceras partes de la Cámara.

 

Los 25 proyectos estratégicos de AMLO

Desde que tomó posesión, el presidente López Obrador informó que serían 25 proyectos estratégicos, pero los que ya tienen un camino andado son la cancelación del NAIM en Texcoco y la posterior construcción de dos pistas en Santa Lucía, así como la construcción del Tren Maya. Ambas decisiones han sido fuertemente criticadas por expertos, empresarios e inversionistas que han exigido a López Obrador aclarar la situación; incluso José A. Meade dijo que no continuar con la obra en Texcoco costaría a los mexicanos 45 mil millones de dólares.

 

Las incongruencias en el discurso de Obrador

Una de las principales incongruencias de López Obrador, según los expertos ha sido su constante ataque al modelo neoliberal impuesto por gobiernos anteriores, sin embargo, al declarar que se acabará dicho modelo deja un hueco al no aclarar con qué modelo será sustituido; asimismo la falta de claridad e información incompleta ha causado incertidumbre sobre qué pasará con el precio de las gasolinas, es un hecho que los mexicanos esperan que en todo el país (no sólo en el norte) los precios del combustible bajen como prometió Obrador en campaña.

 

  1. AMLO y su forma de hacer política.

Desde el primer momento en que realizó la consulta sobre el NAIM el entonces presidente electo, dejó ver que las formas de hacer política en este sexenio serán diferentes o por lo menos desgastantes y con cierto nivel de incertidumbre.

 

A esta situación debemos sumar el desacuerdo constante entre AMLO y la SCJN. Por un lado, el presidente impulsó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y por otro, la SCJN suspendió la aplicación de dicha ley, después de todo la Suprema Corte sigue siendo el máximo órgano de justicia del país y es probable que este no sea el único ni el último encontronazo entre el presidente y las instituciones que buscan se respete su autonomía a toda costa.